Desapariciones en Jalisco: el sistema que convierte cuerpos en piezas sacrificables

Montserrat Muñoz 

Corrupción. Tortura. Impunidad. Masacre. Omisión. Miedo. Dolor.  

Todos son pensamientos que vienen a la cabeza de estudiantes y académicos del ITESO cuando se menciona la palabra Teuchitlán. Hay un común denominador intrínseco: de alguna u otra forma, el gobierno se ve implicado como un actor importante, ya sea por omisión o por asociación, en lo ocurrido en marzo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. 

“No podríamos estar hablando de una magnitud de crisis humanitaria como la que estamos viviendo si no estuvieran las autoridades coludidas”, afirmó Alejandra Cartagena López, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, del ITESO. 

Coincidió Rossana Reguillo Cruz, profesora emérita del ITESO, al considerar que la corrupción y la impunidad son la explicación más clara y contundente para las desapariciones sistemáticas como las ocurridas en el Rancho Izaguirre.  

“Lo que hemos visto en este país es el aumento constante y creciente de lo que yo llamo violencia expresiva, ese ‘yo te mato porque te puedo matar’.  Estamos frente a una maquinaria desalmada que produce y extermina cuerpos para poder reproducirse a sí misma”, dijo.  

Para reflexionar en torno a las dinámicas de reclutamiento forzado y desaparición en Jalisco, el CUDJ, el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) y el Centro Universitario de Incidencia Social (Coincide) del ITESO organizaron la charla abierta “No sólo es Teuchitlán”, llevada a cabo el lunes 7 de abril en la Plaza de los 50 años. 

Los sacrificables del negocio 

Alejandra Guillén González, periodista y académica del Coincide, dijo que todos estos procesos de reclutamiento forzado son síntoma de una lógica que prioriza el control territorial y la ganancia económica, y en la cual las desapariciones son parte de una dinámica que amenaza la vida en pro de un sistema de acumulación de riquezas. 

“Es una industria, una empresa que vincula lo legal con lo ilegal”, añadió. 

Para Reguillo, entender el fenómeno como un sistema y no como desapariciones sin relación alguna es elemental para comprender la magnitud del problema y, a la vez, diseñar estrategias efectivas. 

“Lo sucedido en el Rancho Izaguirre debemos entenderlo como una pieza de una maquinaria perfectamente aceitada y estructurada. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una estructura gigantesca militar, financiera y comercial que requiere muchos operadores para poder funcionar”, dijo. 

Encontró en ello una explicación al incremento en más de 26 por ciento en la desaparición de jóvenes de 15 a 29 años reportada entre 2019 y 2024, y añadió que, según cálculos propios, esta organización necesitaría entre 30 mil y 50 mil operadores de todo tipo, como mecánicos, enfermeros, cocineros y, por supuesto, sicarios. 

“Estos datos son un reflejo contundente de la impunidad con la cual este grupo delincuencial ha crecido y extendido sus garras sobre los territorios”, mencionó la investigadora. 

En este contexto, las personas son consideradas entrenables y sacrificables. “Es un andamiaje que utiliza los cuerpos de los jóvenes como aceite para aceitar su narcomáquina”, añadió Reguillo Cruz.  

Junto con el aumento de personas desaparecidas, los colectivos también se multiplicaron: de dos que había en 2018, hoy hay más de 22, informó Cartagena. 

Uno de tantos casos más 

Aunque el más reciente caso es el del Rancho Izaguirre, ciertamente no ha sido el único: desde los trailers deambulando por la Zona Metropolitana de Guadalajara llenos de cadáveres, la disolución de cuerpos en Lagos de Moreno hace casi 11 años, los estudiantes desaparecidos del CAAV, los trabajadores del call center también desaparecidos, y otros tantos tan solo en Jalisco, recordó Cartagena. 

Incluso en Tlajomulco de Zúñiga se han encontrado más de 500 víctimas en fosas clandestinas. “No hay un municipio donde se hayan encontrado tantas víctimas en el país desde que inició la guerra de Calderón. Es el San Fernando de este sexenio”, lamentó Guillén. 

¿Qué pasó entonces en Teuchitlán que movió tanto a personas de todo el mundo? A decir de Cartagena López, no fueron las —espeluznantes—fotografías de cientos de zapatos apilados, sino lo burda y evidente que fue la colusión de la autoridad.  

“Se trata de un rancho que ya había sido encontrado por la autoridad y que a nadie se le ocurrió hacer los mínimos. Ese rancho debió haber sido procesado en 2024 y no se hizo, lo que significa que se perdieron pruebas y que probablemente algunos restos humanos que están ahí están contaminados y ya va a ser muy difícil que podamos identificarlos. Y eso no es una casualidad”, sentenció. 

Esto se suma, continuó, a una narrativa de Estado que dice que “la gente que desaparece es porque en algo andaba”, o una política de simulación en la que se propone el diálogo con las madres buscadoras, pero nunca se llega a acciones concretas ni acompañamientos puntuales. 

“Pero eso no es lo peor, porque apenas hace unos días hubo un auditorio lleno de personas que aplaudieron y ovacionaron (a “El Mencho”, líder del CJNG)”, mencionó la abogada, refiriéndose a lo sucedido a finales de marzo en el Auditorio Telmex. 

En años pasados, Rossana Reguillo acuñó el término “narcomáquina”, que se refiere a una íntima articulación entre el narco, el político y la policía, con el fin de producir ganancias. Más tarde, propuso el concepto de necromáquina, que funde a esta industria legal e ilegal y considera a la muerte como producción de dicha ganancia.  

“La narcomáquina sigue vigente en sectores más pequeños, pero la necromáquina es un dispositivo abismal de producción de muerte y del poder de hacer vivir. Es decir, quién puede vivir de acuerdo a esta gente y a esa paralegalidad”, añadió. 

“(Las desapariciones) son problema de todas y de todos. Es un problema estructural, es un problema histórico, pero fundamentalmente es un problema político”, sentenció Reguillo. 

Por otra parte, señaló que desde el discurso se está contribuyendo a la criminalización de comunidades. Puente Grande, por ejemplo, es más que una prisión, así como Ayotzinapa y Teuchitlán son más que las tragedias de las que han sido escenario.  

Las académicas hicieron un llamado a no dejar que la indignación se disuelva.  

“Que la exigencia a las autoridades se siga expresando cotidianamente. No debemos dejar solas a las madres y a las familias de buscadores, que son los que están en un riesgo aún más terrible”, comentó Reguillo Cruz.